El no reconocimiento de la cultura campesina tiene un factor que sobresale: la prolongación del conflicto colombiano, el cual está ligado a la no participación de varios de los grupos insurgentes, como las FARC y el ELN, en las discusiones que dieron vida a la Constituyente de 1991.
La vida campesina está ligada a la
lucha por la tierra y preservación de su cultura. Diversos procesos campesinos
son testimonio vivo de cómo cultura y territorio son inseparables para la
permanencia de una comunidad. Esta relación ineludible establece la tierra –el
derecho a su tenencia– como condición que funda el territorio para la
preservación de la vida y cultura de las comunidades campesinas.
Sin embargo, esta relación vital que
se muestra inseparable para la vida del campesinado, para la Constitución
Política de 1991 no tuvo ninguna relevancia, y posteriormente tampoco tuvo
desarrollo en la Ley General de Cultura de 1997. Los resultados fueron dejar a
Colombia con una Política Cultural que principalmente centró su atención en la
formulación de programas para la protección de los derechos y preservación de
la cultura de los grupos étnicos, mientras las comunidades campesinas eran
borradas de la dimensión cultural.
El reconocimiento a la cultura de
las comunidades indígenas y afrodescendientes es un hecho en la legislación del
país. Este hecho que pareciera estar fundado solo en términos de protección a
las tradiciones, saberes y memoria de estas comunidades, tiene un trasfondo de mayor alcance. Porque reconocer la
cultura es reconocer que estas comunidades requieren de la protección de un
territorio, y por tanto, es reconocer su derecho a la tierra estableciendo una
legislación especial para que ello se cumpla.
De este reconocimiento no gozan las
comunidades campesinas. La Constitución Política y la Ley General de Cultura no
establecieron la cultura campesina como una prioridad para su protección. Y el
efecto fue devastador, en tanto que omitir la cultura es omitir el territorio,
y en últimas, es negar el derecho a la tierra del campesinado.
La Cultura como parte del conflicto
Varios factores podríamos atribuir
al no reconocimiento de la cultura campesina. Sin embargo uno de suma
importancia sobresale: la prolongación del conflicto colombiano, el cual está
ligado a la no participación de varios de los grupos insurgentes, como las FARC
y el ELN, en las discusiones que dieron vida a la Constituyente de 1991.
Desde finales de los ochenta y hasta
principios de la década de los noventa, los grupos guerrilleros más
representativos del país estuvieron reunidos en lo que denominaron la
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB). Como Coordinadora llegaron a
actuar en un frente unido en las negociaciones de paz con el Gobierno
colombiano, y de igual manera discutieron su posible participación en la
Asamblea Nacional Constituyente de 1991.Sin embargo, como Coordinadora, su
participación jamás llegó a materializarse. Algunas de las razones se resumen
en lo siguiente: un mes antes de la elección de los constituyentes,
representantes del Gobierno de César Gaviria arribaron al campamento del máximo
jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, para conversar sobre los cupos que
serían asignados a la Coordinadora. El ofrecimiento del Gobierno fue de cinco cupos, lo cual se
alejaba de los 20 que solicitaba la CGSB.
Esa tarde el Gobierno no cedió ni
permitió que se discutiera el tema con los demás grupos insurgentes de la
Coordinadora. Buscando una salida, Marulanda propuso a la delegación pasar la
noche en el campamento y encontrar una solución al día siguiente. Pero el
ofrecimiento fue rechazado argumentando razones de tiempo. Ante la negativa
–según cuenta Pablo Catatumbo a Alfredo Molano– Marulanda respondió: “si no tienen una noche para conversar, ¿qué
tiempo le van a dedicar a la paz?”. Y esa misma tarde el helicóptero partió
sin una respuesta. Un mes después, en momentos que los constituyentes eran
elegidos en todo el país, los campamentos de río Duda de las FARC fueron
bombardeados[1].
En la constituyente solo
participaría, ya desmovilizado, el movimiento guerrillero del M-19, luego de
ser elegido formalmente. También participarían con voz pero sin voto dos
representantes del EPL, uno del Partido Revolucionario de los Trabajadores y
otro por el Movimiento Armado Manuel Quintín Lame.
Entender la prolongación del
conflicto social y armado en relación a la no participación en la Asamblea
Nacional Constituyente, es de vital importancia para comprender por qué la
cultura campesina no goza de un reconocimiento efectivo dentro de la
legislación colombiana. Porque los inicios del alzamiento armado en el país en
gran medida están relacionados con los problemas del campo colombiano. Grupos como
las FARC y el ELN deben sus raíces a la iniquidad y violencia sufrida por los
campesinos a manos del Estado. Esto nos permite establecer algunas diferencias
con el M-19 cuyo nacimiento, a pesar de estar ligado a la injusticia del país,
tuvo raíces fundamentalmente urbanas, motivadas por la ausencia de garantías
para la participación política. Estas distinciones entre grupos insurgentes son
claves para entender la falta de una mirada más profunda sobre el campo
colombiano en los debates de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en
tanto que los grupos guerrilleros ligados históricamente al campo y sus
problemáticas no tuvieron participación alguna en un proceso constitucional que
pudo servir para la construcción de la Paz con Justicia Social, y no solo para
la desmovilización de algunos grupos insurgentes como el M-19.
Los efectos de ese vacío de
representatividad son más que palpables: si la cultura del campesinado no se
reconoce de igual forma que se reconoce para las comunidades indígenas y
afrodescendientes, se debe a que la Constitución del 91 no planteó, más allá de
la formalidad, problemas fundamentales ligados al campo que dieron origen al
conflicto colombiano. Y lo más lamentable, el no hacerlo conllevó a la
prolongación de la guerra por varias décadas, las cuales son reflejo de nuestro
presente.
Una Constituyente que cure el pasado
La Paz en Colombia es más que una
foto publicada para elevar el rating de los diarios nacionales y mejorar la
imagen del Gobierno colombiano. Apoyar los diálogos entre el Gobierno y las
FARC para la construcción de la Paz con Justicia Social es tarea de todos los
sectores de la sociedad que deben continuar exigiendo participación directa en
la mesa de diálogo que tiene lugar en La Habana. Los diálogos de paz necesitan
constituirse en un espacio que involucre al pueblo para que éste mandate el fin
de la guerra. Porque el derramamiento de sangre debe sustituirse por la
sensatez que tendrá que derrotar al odio, el engaño y la injusticia.
Calles y auditorios reclaman hoy por
la realización de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, una exigencia que
el Gobierno se niega a convenir en la mesa de diálogo instalada con las FARC.
Pero aunque el Gobierno se empecine en dar continuidad al pasado para prolongar
la guerra, amplios sectores de la sociedad realizan y preparan constituyentes
locales, departamentales y regionales con temáticas diversas de donde surgen
mandatos populares para la construcción de un nuevo país.
Será el pueblo quien mandate esa
nueva Colombia que deberá estar reflejada en una Asamblea Nacional
Constituyente que, en modo muy distinto a la del 91, tendrá la tarea de acoger
a todos los grupos insurgentes y sectores de la sociedad para poner fin a la
guerra a través del logro de la Paz con Justicia Social.
[1] Ver la Segunda conversación de
Alfredo Molano con la Delegación de Paz de las FARC, publicada por El
Espectador el 18 de mayo de 2013. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-422756-uribe-nos-despejo-el-valle
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